La Cámara Federal confirmó este viernes el procesamiento del efectivo de Gendarmería Nacional acusado de haber herido de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo durante una de las movilizaciones de jubilados que se realizan los miércoles.
El gendarme permanece imputado por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por el abuso de su función y abuso de armas, este últimas en cinco hechos. El tribunal también ratificó un embargo por 203 millones de pesos sobre sus bienes, en función de la gravedad del caso.
El hecho ocurrió el 12 de marzo, entre las 17 y las 17.25, durante una manifestación en defensa de los jubilados. Según la resolución, el efectivo efectuó varios disparos con una pistola lanza gases de manera horizontal y antirreglamentaria, apuntando directamente hacia los manifestantes.
Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Grillo, que se encontraba a unos 50 metros del cordón policial. Como consecuencia, sufrió una fractura expuesta de cráneo y lesiones que pusieron en riesgo su vida. Los peritajes médicos confirmaron que las heridas demandaron más de 30 días de curación y de incapacidad laboral.
Para los jueces de la Cámara Federal, la autoría del disparo quedó acreditada a partir de registros de drones, imágenes de medios de comunicación, material aportado por organismos de derechos humanos e informes de la propia fuerza de seguridad. Ese conjunto de pruebas permitió identificar al autor del disparo y reconstruir la trayectoria del proyectil.
El tribunal rechazó los argumentos de la defensa, que había sostenido que el disparo fue accidental y que el arma utilizada no era de precisión. En su fallo, los magistrados recordaron que los manuales del fabricante y los estándares internacionales establecen que este tipo de armas no debe dispararse directamente hacia personas, debido al riesgo de causar lesiones graves o mortales.
Además, la Cámara consideró que la reiteración de disparos en un corto lapso refuerza la hipótesis de una conducta deliberada y descartó que se tratara de un hecho aislado. También avaló el monto del embargo, al ponderar la magnitud del daño y la complejidad de la investigación.